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Abren participación de organizaciones en combate a trata

Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura aprobaron la participación de las organizaciones y asociaciones civiles estatales, nacionales e internacionales en las políticas públicas de combate a la trata de personas.

También establecieron las reglas a las que deben sujetarse, de tal manera que contribuyan con la planeación, evaluación y seguimiento de políticas, programas y acciones tendientes a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas.

La propuesta de reforma al artículo 38 de la Ley para Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México fue promovida por la panista Ingrid Schemelensky, quien advirtió que tan solo en un año, en el país el número de víctimas identificadas se duplicó de 127 a 250, mientras entre 2011 y 2012 solo siete personas fueron condenadas por estos delitos y para 2013 la cifra ascendió a 56.

Explicó que el número de víctimas menores de edad aumentó 56.8 por ciento desde 2011, según datos oficiales entregados a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por el Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía Especializada para la Violencia contra la Mujer y el Tráfico de Personas, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos.

Para atacar eficientemente este flagelo, consideró necesario favorecer la participación más ordenada y coordinada de las organizaciones civiles especializadas, a fin de que se conviertan en un elemento fundamental de ayuda para combatir este ilícito.

Schemelensky Castro advirtió que la trata de personas es uno de los delitos de mayor impacto sobre el tejido social, debido a que las víctimas y su entorno social y familiar se ven privados de las condiciones más elementales para el desarrollo de la vida a partir de la libertad reconocida por el Estado para autodeterminarse.

Es, destacó, un fenómeno delictivo de alto impacto social y multifactorial, ejecutado por organizaciones nacionales e internacionales articuladas en células independientes pero no desvinculadas, que atacan principalmente a personas en situación de vulnerabilidad, que comúnmente están en situación de desventaja respecto del agresor, lo que les impide oponer resistencia.

El morenista Gerardo Ulloa y perredista Omar Ortega anticiparon que presentarán iniciativas para regular y fiscalizar a estas organizaciones y asociaciones civiles y se agregue el derecho de las víctimas a la justicia pronta y cumplida.

El dictamen fue remitido a la Jucopo para programar su presentación ante el pleno, donde se espera sea ratificada en el marco de un segundo periodo extraordinario que tentativamente se celebrará la semana próxima.

Veneranda Mendoza Herrera

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