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Buscan revocar concesiones a grúas, municipios deben dar el servicio

Con la finalidad de erradicar la corrupción y cobros excesivos en los servicios que prestan las grúas, el grupo parlamentario de Morena propuso que sean los ayuntamientos quienes provean el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, en lugar del Gobierno estatal.

Los diputados Gabriel Gutiérrez, Liliana Gollas y Faustino de la Cruz, autores de la iniciativa, indicaron que la finalidad es evitar los cobros discrecionales y excesivos que incluso superan los montos establecidos en los tabuladores de la Secretaría de Movilidad.

Gutiérrez Cureño recordó que uno de los beneficiarios con la concesión del servicio de grúas en 12 municipios del Valle de Toluca es el ex secretario general de Gobierno José Manzur, accionista de 25 por ciento de Grúas Manzur, empresa que en tan solo dos años obtuvo ingresos por más de 17 millones de pesos derivados del programa de chatarrización de la Secretaría de Movilidad.

El legislador recordó que Arturo Alvarado, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, aseguró que se necesita una regulación urgente de los depósitos vehiculares en el Estado de México para evitar que los concesionarios sigan cometiendo todo tipo de abusos y actos de corrupción, pues una gran cantidad de grúas opera de forma irregular y se colude con agentes de tránsito.

En tanto, prosiguió, el presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, Arturo Chavarría, advirtió que durante años se ha permitido que las concesionarias de grúas y corralones cobren lo que quieren, y propuso como solución que los ayuntamientos asuman esa función porque actualmente están a cargo de unas cuantas empresas privadas que no cumplen la ley, pero tienen el aval de las autoridades para operar y cometer abusos.

Además, indicó el legislador, los agentes de tránsito y policías municipales también son víctimas de corrupción, pues cada elemento debe pagar una cuota por turno a su jefe de región para poder laborar en una patrulla, lo que implica que se vean obligados a extorsionar automovilistas y a utilizar los servicios de concesionarios específicos, situación que alienta a la corrupción.

Los abusos, dijo, han sido documentados en diferentes trabajos periodísticos, y van desde cobros desproporcionados, robo de autopartes dentro de los depósitos destinados para el resguardo, ordeña de gasolina de los vehículos resguardados, daño en bienes causado sobre el vehículo en resguardo, arrastre y realización de maniobras sin autorización expresa del dueño o responsable del vehículo en cuestión y monopolio en las concesiones otorgadas para la prestación del servicio público conexo.

A la fecha, prosiguió, se desconoce el padrón estatal de concesiones del servicio conexo, a pesar de que en octubre la LX Legislatura exhortó al Gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Movilidad para que proporcionaran información sobre el número de concesionarios.

“El silencio del Ejecutivo nos impulsa a proponer la presente iniciativa… necesitamos rescatar a las y los ciudadanos de los abusos y excesos de los que se ha sido objeto”, dijo, a fin de acabar con los monopolios y que la Secretaría de Movilidad del Estado de México deje de tener el control total en la prestación del servicio y en las concesiones.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, destacó, otorga a los municipios la atribución de dotar de servicios y seguridad pública, por lo que se requiere adecuar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Movilidad del Estado de México y el Código Administrativo del Estado de México para que sea el gobierno municipal quien provea también el servicio referido.

Desde el punto de vista de los promoventes, el servicio puede ser operado eficientemente, si consideramos que el municipio es la esfera de gobierno más cercana a la sociedad y, en este entendido, puede existir mayor claridad, transparencia y control sobre el número de inmuebles destinados para el depósito vehicular y el número e identidad de los concesionarios.

La finalidad es que las concesiones se otorguen mediante cabildo y sea más sencillo y económico para el usuario recuperar su vehículo y responsabilizar al prestador del servicio por los abusos que se lleguen a cometer, y por el daño total o parcial que sufran los vehículos, derivado de maniobras incorrectas.

Los municipios de Baja California, Oaxaca y Sonora, añade la exposición de motivos, ya tienen a su cargo la prestación de este servicio, con la posibilidad de concesionar el servicio a particulares.

 

Veneranda Mendoza

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