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Chuayffet y Camacho a favor retirar privilegios a exgobernadores

Todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y ninguno debe ser tratado con privilegios, reconoció César Camacho Quiroz, al señalar que la abrogación de los decretos 87 de la 36 Legislatura y del decreto 86 del Ejecutivo que asignaban a los exgobernadores personal de seguridad, chofer y secretaria con cargo al erario público; abona al clima republicano.

“Creo que nadie debe tener ninguna condición de privilegio, todos debemos tener aquello a lo que legalmente tenemos derecho, y nada más. En un sistema republicano así debe ser y los tratos excepcionales no van de acuerdo con un estado democrático”.

En entrevista, Camacho Quiroz señaló que él no ha tenido guardaespaldas desde que dejó la gubernatura; al tiempo en que señaló que el personal que se tenía por decreto era de manera intermitente.

“Se tenía el apoyo de una secretaria, de un chofer ayudante y un asistente. Nadie ha gozado de ninguna remuneración, y así debe ser, la mayor satisfacción debe ser haber tenido la oportunidad de servir a un estado que siempre es noble y generoso”.

Por su parte, el exgobernador Emilio Chuayffet también se posicionó a favor de la medida votada en comisiones este miércoles.

“Yo estoy de acuerdo en que el Legislativo, que va produciendo cambios en nuestra legislación y que va dictando nuevas normas de comportamiento, vaya mejorando nuestro cuadro de normas de conformidad con el momento que vivimos, nuestra situación política y con la voz que millones de mexiquenses hacen llegar a nuestros representantes”.

Asimismo, se dijo a favor de la austeridad republicana que se ha encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el dictamen, los legisladores consideraron que estos apoyos constituyen una indebida extensión de la función para la que fueron electos los mandatarios estatales, además de no representar utilidad pública frente a otros requerimientos urgentes.

El 18 de julio de 1945 se promulgó en Gaceta del Gobierno el decreto 87 de la 36 Legislatura del Estado de México, donde se dispuso que al término de su gestión, el gobernador puede recibir premios y recompensas por servicios prestados al Estado.

Años más tarde, el otrora gobernador Ignacio Pichardo expidió un decreto publicado el 7 de mayo de 1993 en Gaceta del Gobierno número 86, en el que se plantea que “como reconocimiento a su desempeño en el cargo de gobernador del Estado, es conveniente adoptar las previsiones necesarias a fin de que se normen los apoyos mínimos para la preservación de su integridad y seguridad y para el desarrollo de sus actividades personales, una vez concluido tan honroso y alto cargo al servicio del Estado”.

Además, dispone como “necesaria y conveniente la debida regulación de estos reconocimientos que en el pasado el Gobierno del Estado ha otorgado a los ciudadanos ex-gobernadores en forma discrecional.”

Eleazar Barajas

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