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Prisión domiciliaria a líder comunero de Salazar opositor a despojo

El juez de control del distrito Judicial de Toluca modificó la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria impuesta al activista Cudberto Vilchis, representante de los bienes comunales en la comunidad de Salazar, detenido por oponerse a la venta ilegal de sus tierras para la construcción de grandes proyectos inmobiliarios.

No obstante, para acceder a la prerrogativa, deberá exhibir una garantía económica por 419 mil 726 pesos, solicitada por la defensa para la reparación del daño de sus clientes Natalia Miguel Marín (policía municipal de Temoaya), Mario Alberto de León Venegas y Juan Carlos Ríos Soto (policía municipal de San Mateo Atenco).

Vilchis García fue detenido la madrugada del 31 de agosto pasado, durante un operativo que los habitantes de la localidad califican como violento, junto con 7 comuneros a quienes también se dictó prisión preventiva oficiosa.

El pasado 5 de septiembre de 2017 fue vinculado a proceso por los delitos de privación de libertad y robo con violencia.

Durante la audiencia de este miércoles, el representante legal de los comuneros demandó para Cudberto Vilchis la aplicación de la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales que contempla la posibilidad de no ser sujeto a prisión preventiva cuando se tienen 70 o más años de edad, lo que probó con el acta de nacimiento, la CURP y una credencial que identifica al detenido como pensionado del ISSSTE.

El Ministerio Público y la defensa mostraron su oposición a la modificativa, al considerar que la prisión domiciliaria es un riesgo para la evasión del imputado, sobre todo porque la comunidad de Salazar es “hostil y violenta”, y porque a su decir representa un riesgo a la sociedad; tanto así que se encontraba oculto y su detención no fue voluntaria, sino producto de una orden de aprehensión y de cateo.

Aseguraron que la edad de Vilchis García no le representó un obstáculo para liderar el movimiento, incitar a los agresores, proferir amenazas y hacer tocar las campanas para convocar al pueblo la madrugada de su detención, además de ser investigado por delitos que no alcanzan el beneficio.

En respuesta, el representante legal de Cudberto Vilchis destacó la inexistencia de evidencias sobre cualquier citatorio para contestar los cargos, por lo que tampoco se puede asegurar que se estaba ocultando y menos que por eso fue necesaria una orden de aprehensión y cateo.

Destacó que para evitar la sustracción de la justicia, el juez prevé, junto con la prisión domiciliaria, la implementación de medidas cautelares alternas.

Por tanto, adicionalmente el representante de bienes comunales de Salazar deberá ser resguardado en su domicilio por el número de elementos ministeriales y de la policía estatal que ambas corporaciones determinen necesario, no podrá salir de la comunidad sin autorización ni comunicarse o molestar a los ofendidos.
Veneranda Mendoza Herrera

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