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SE DICE QUE…

El proceso que ha iniciado la fiscalía General del Estado de México contra 5 elementos de la policía municipal del Valle de Bravo por desaparición forzada, bien puede calificarse como un echo histórico, sin precedente, que marcaría un antes y un después en la procuración local de justicia; claro, si no salen con la babosada de perder el juicio y los imputados sean declarados inocentes y dejados en libertada por un juez. No hay registro de que aquí se haya perseguido un crimen de lesa humanidad cometido por agentes del Estado, equiparable al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa o los jóvenes de Veracruz.

La historia es que en noviembre de 2017, policías municipales, incluidos mandos, detuvieron sin motivo legal aparan a un ove, cuya identidad permanece bajo reserva, y en lugar de llevarlo a la comisaría, presentarlo ante el ministerio público o juez de cuantía Menor, lo entregaron a sicarios de la “La Familia”, organización criminal que controla la plaza, y desde entonces está en calidad de desaparecido.

La bomba le estalla en pleno rostro al priista alcalde de Valle de Bravo, Mauricio Osorio Domínguez, quien intenta reelegirse en el cargo. Es de esos absurdos que sólo en el PRI entienden: impulsa a un presidente municipal para que se quede otro periodo en el cargo cuando de seguridad pública es sujeto de una investigación, con detenidos, por desaparición forzada. Es de locos.

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